Violaciones al debido proceso y riesgo de muerte del activista JORGE MARIO GONZÁLEZ GARCÍA.

2005 – 2015 “Década de lucha contra la impunidad"

Violaciones al debido proceso y riesgo de muerte del activista JORGE MARIO GONZÁLEZ GARCÍA.

ACCIÓN URGENTE: Violaciones al debido proceso y riesgo de muerte del activista MARIO GONZÁLEZ GARCÍA.

MÉXICO,  D.F. A 15 DE NOVIEMBRE  DE 2013

Dr. Raúl Plascencia Villanueva

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Dra. Perla Gómez Gallardo

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa

Jefe de Gobierno del Distrito Federal

A todos los organismos nacionales e internacionales

HECHOS:

Por diversos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil nos hemos enterado que el activista JORGE MARIO GONZÁLEZ, quien fuera detenido y consignado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente por los sucesos del día dos de octubre del presente, ha cumplido ya 38 días en huelga de hambre.

Según la valoración médica realizada por el profesional Guillermo Selvas, el joven MARIO comienza a tener un “deterioro mental y ese deterioro puede ser que quede como secuela permanente, no sabemos si el desiste en la huelga de hambre, no sabemos nada… presenta deterioro en el intestino y aparato digestivo, ya que lleva dos semanas sin defecar, lo que agrava aun más su situación en la cárcel…”

Lamentamos este grave acontecimiento, que surge por la falta de una resolución de los tribunales que tienen en sus manos la apelación al auto de formal prisión de JORGE MARIO GONZÁLEZ, quien fuera acusado de ATAQUES A LA PAZ PÚBLICA, establecido como delito no grave pro el Código Penal para el Distrito Federal. La constitución claramente establece que deberá existir una celeridad en la impartición de justicia y los juicios deberán ser prontos y expeditos, hipótesis que no se actualiza en el caso del activista MARIO GONZÁLEZ.

Nos hemos informado mediante distintos medios de comunicación que MARIO GONZÁLEZ ya ha exhibido una fianza por la cantidad de $130.00 Ciento treinta mil pesos, lo que jurídicamente garantizaría que llevara su proceso en libertad y pudiera comparecer a todos los requerimientos de la justicia en caso de ser necesario.

Sin embargo, vemos con mucha preocupación que en el caso de MARIO GONZÁLEZ, como han manifestado los encargados de su defensa legal, las autoridades judiciales han llevado a cabo una criminalización de sus actividades, previas a los sucesos del 2 de Octubre en organizaciones sociales y se le ha recriminado durante el proceso su participación en marchas y protestas, lo que va en contra de los derechos a la libertad de expresión y de manifestación de ideas. Como bien es cierto, la participación política de los ciudadanos es un derecho elemental y esto no puede ser utilizado en contra de persona alguna por parte del Ministerio Público.

En otro tenor vemos con gran extrañeza, que la sociedad civil no se encuentra hasta el momento informada que se lleven procesos en contra de miembros de seguridad pública por los abusos de autoridad ocurridos los días: 10 de junio de 2013 a propósito de la conmemoración de la masacre ordenada por LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ en el año de 1971 y que hasta el momento sigue impune; del 13 de septiembre de 2013, durante el brutal desalojo contra miembros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y por último la manifestación del 2 de Octubre en protesta por el crimen de lesa humanidad, conocido también como “Tlatelolco 68”.

Tampoco se han deslindado responsabilidades por la actuación de funcionarios del gobierno, responsables de introducir grupos de choque, policías vestidos de civil y diversas agresiones perfectamente planificadas en contra de manifestantes y miembros de la sociedad civil. Cabe resaltar que al respecto existen diversas quejas por ataques a periodistas y a defensores de derechos humanos durante los eventos mencionados y operadas con total impunidad por agentes de seguridad pública.

Por otro lado, en diversos comunicados nos hemos pronunciado en contra de la prisión preventiva por vulnerar los derechos elementales de presunción de inocencia y derecho a la libertad personal, por mencionar solo algunos, dañando no solo al interno procesado o presunto culpable sino también a su familia. También se ha visto que la prisión preventiva ha funcionado como un instrumento de represión contra miembros de organizaciones sociales vulnerando la independencia de jueces y magistrados.   

Debemos también estar conscientes del contexto en que hoy en día se encuentran las cárceles, mismas que representan un gasto fiscal exagerado que pudiera ser remplazado por otras medidas precautorias o de seguridad y reparación para las víctimas. Como la afirma Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE, la prisión afecta a una población homogénea de personas jóvenes, con bajos recursos. Es bien sabido que el poder judicial y los ministerios públicos, lejos de perseguir verdaderos delincuentes ataca a poblaciones vulnerables y de bajos recursos haciendo una doble presión: por un lado es un gasto en perjuicio del erario público y, por otro, un gran menoscabo de las clases empobrecidas.

Por lo expuesto, las organizaciones que conformamos la RED DE ALERTA TEMPRANA solicitamos a las autoridades que corresponde:

i. Se atiendan de manera inmediata las peticiones de MARIO GONZÁLEZ y de sus abogados.

ii. Se lleven a cabo las medidas necesarias para garantizar su integridad física y psicológica.

iii. Realizar una investigación imparcial y exhaustiva para identificar a los servidores públicos que incurrieron en los mencionados delitos y/o violaciones a los derechos humanos y se les sancione o castigue conforme a derecho y se garantice la no repetición de los mismos.

iv. Investigar la posible actuación ilegal, el uso indebido de funciones, colusión entre funcionarios,  por parte del ministerio público y del juez de la causa por instrumentalizar un caso de protesta social para criminalizar diversos movimientos de la sociedad civil organizada.

iv Se notifique a la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), al activista MARIO GONZÁLEZ y a sus defensores, de las acciones y medidas tomadas para poner fin a estas arbitrariedades por parte de servidores públicos y de terceros relacionados.

Atentamente

Por las organizaciones integrantes de la Red de Alerta Temprana

Lic. Abigail Escalante

Representante del Observatorio Nacional de Prisiones-México 

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), la Fundación Diego Lucero A.C., la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), La asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM) con domicilio para recibir comunicaciones enTamagno, No 223, Col. Vallejo, Del. Gustavo A. Madero. CP 07870, México Distrito Federal Tel y Fax: (55) 5610 8790, (55) 38726015

Cel: (044) 55 34413025  enlace.limeddh@gmail.com