México hoy se encuentra ante la peor crisis de derechos humanos de
toda su historia, desde el momento de su fundación a la actualidad. No obstante
las reformas del 2011 que elevaron a rango constitucional los derechos humanos,
y a más de una década de iniciación del Acuerdo de Cooperación Técnica entre el
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno de
México, la implementación especifica del
Protocolo de Estambul y otros recursos adicionales, no obstante la creación de
la Ley General de Víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; sin
dejar de mencionar que ya hoy contamos, desde noviembre del año pasado, con un
protocolo especializado de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
que habla sobre el tema de la tortura, más dos protocolos adicionales que ya
son vigentes desde agosto del 2015 para todas las procuradurías en materia de
tortura y desaparición forzada.
El problema de la violación sistemática de los derechos humanos y las violaciones
graves, como delitos contra la humanidad, no cesa y no se calma porque no tiene
una génesis eminentemente jurídica; nosotros creemos y pedimos a la CIDH que
turne a la Corte Interamericana la posibilidad de que se consulte la Ley
General contra la Delincuencia Organizada como la génesis estructural de la
grave crisis de derechos humanos en la que nos encontramos, puesto que es una
ley de excepción que permite la tortura.
De la misma manera pedimos que haga todos sus esfuerzos para que
inste a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que derogue las
jurisprudencias que han permitido que el ejército realice labores de policía,
así mismo pedimos que se invite al Poder Judicial de nuestro país para que se
deroguen todas las jurisprudencias que permiten la violación de los derechos
humanos respetando las normas internas, también
estamos solicitando que se considere la existencia de una crisis de
derechos humanos donde la tortura no solamente tiene un carácter generalizado,
sino tiene un carácter sistemático.
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