El próximo 6 de junio, Rafael Martínez Cortés cumplirá 3 años tras las
rejas después de que policías de investigación de la Ciudad de México lo
obligaran, mediante procedimientos de tortura, a declararse culpable del delito
de secuestro.
Pese a que se han presentado pruebas que demuestran su inocencia, Martínez
se encuentra preso en el Reclusorio Penal Varonil Norte con una condena de 55
años. Una de las más importantes es el análisis psicológico firmado por el perito-psicólogo
del Tribunal Superior de Justicia, Israel Luna Cruz, en el que se confirma que
Rafael habría sido sometido a actos de tortura durante su detención y del que
deriva una recomendación para investigar los hechos.
“Me zafaron el hombro; como veían que el dolor
era insoportable, me jalaban más”
En su declaración, Rafael Martínez Cortés, detalla que el 6 de junio de
2014, cerca de las 8:00 a.m., se encontraba afuera de la estación del Metro
Observatorio esperando a un hombre que dijo estar interesado en comprar el auto
que él vendía.
Hasta el lugar
llegó una camioneta blanca de la que descendió un hombre que portaba una
pistola. Este último se acercó a Rafael, lo golpeó en el hombro por la
ventanilla del conductor y lo obligó a bajar del auto. Minutos después, llegaron
ocho personas que, sin identificarse, empezaron a golpearlo a la vista de los
comerciantes y transeuntes.
Martínez fue presentado ante el Ministerio Público el 7 de junio de
2014, aproximadamente a las 13:00 horas, acusado del delito de secuestro. Con
él llegaron otros tres sujetos, todos con golpes y heridas visibles en el
cuerpo.
"Llegamos la
FAS después de 7 horas de mi detención. Me metieron a un cuarto y me hincaron;
seguía esposado. Se subían arriba de mis pantorrillas brincando, me levantaban
los bazos hacia atrás y me preguntaban que “qué hacíamos en Observatorio”. Les
dije que yo vivía a una calles de ahí. Me golpeaban y decían que no era cierto,
que yo era de Martín Carrera. Uno de ellos me jaló del brazo izquierdo para
aventarme hacia el suelo y me zafó mi hombro. Empecé a gritar y como veían que
el dolor del hombro era insoportable, me jalaban más. Luego me acercaron a
donde se oía que alguien estaba escribiendo. Me dieron unas hojas a firmar y
cuando quise leerlas, Macedonio ÁNGELES CHICA me golpeó y me dijo que si no
firmaba, me mataría, y las firmé sin saber su contenido. Nadie me asistió, ni
un abogado ni mi familia porque no me dejaron hacer llamadas. Pasé a la cámara
de gesell y decían que diera mi nombre y mi dirección; yo decía mi nombre y al
empezar a dar mi dirección, le gritaban a los policías: ¡ya sácalo a chingar a
su madre! Fueron como 20 veces”.
La
declaración que Martínez Cortés y sus codetenidos fueron obligados a firmar se
convirtió en el único elemento inculpatorio y vinculatorio con el que contaba
la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Secuestro (FAS), y fue
suficiente para que el Juez Trece de lo Penal declarara culpable a Martínez del
secuestro y asesinato de Ángel Martínez Islas, comerciante en la delegación
Gustavo A. Madero.
Todo comenzó por una llamada anónima
La
pesadilla de Rafael Martínez Cortés empezó la noche del 26 de mayo de 2014,
cuando la Procuraduría General de Justicia (PGJ) recibió una llamada anónima en
la un hombre de aproximadamente 30 años denunció que el señor Ángel Martínez
Islas había sido secuestrado por una banda organizada que operaba en la colonia
Martín Carrera, de delegación Gustavo A. Madero.
El
denunciante también proporcionó algunos nombres de los implicados, sus
direcciones y números de teléfono. Y explicó que los secuestradores habían
privado de la vida al comerciante y abandonado el cadáver en las inmediaciones
del Río de los Remedios, en el Estado de México.
Según la
denuncia anónima registrada a las 21:43, la cual tuvo una duración de apenas
tres minutos, los supuestos autores del secuestro eran César Bravo Mejía, alias
“El Chícharo”, su hijo y un amigo suyo conocido en la colonia como el “El
Tohui”. También se habló de una mujer a quien apodaban “La Enfermera”, quien se encargaba de cuidar a los secuestrados.
Rafael Martínez
Cortés era taxista y vivía con su familia en la delegación Álvaro Obregón; la única
relación que tenía con la colonia Martín Carrera era una conocida que le
manifestó que su esposo estaba interesado en comprar el auto que Martínez conducía
y que había puesto a la venta por órdenes de su patrón. Lo que Martínez no
sabía es que el negociante era Ceásar Bravo Mejía, alias “El Chícharo”, ni que
la PGJ lo consideraba sospechoso de secuestro.
El proceso penal de Rafael Martínez Cortés
estuvo plagado de irregularidades: Limedhh
La Liga
Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limedhh), la organización
Actuar Familiar contra la Tortura y la Red de Alerta Temprana han seguido de
cerca el proceso penal de Rafael Martínez Cortés, analizado a profundidad el
expediente y trabajado en conjunto con su representante legal para demostrar su
inocencia.
El
pasado 17 de febrero, dichas organizaciones de derechos humanos presentaron
ante el Tribunal Superior de Justicia un recurso poco conocido en México: el amicus curiae (Amigo de la Corte), cuyo
objetivo es aportar nuevos elementos al caso para intentar revertir la
sentencia de la Corte en contra de Martínez Cortés.
En el
documento dirigido a los magistrados de la Tercera Sala Panal del Distrito
Federal, que se encargarán de revisar la sentencia emitida por el Juzgado Décimo Tercero de
lo Penal en el proceso de apelación del caso, se explica que la investigación
del secuestro del C. Ángel Hernández Islas por parte de la FAS está plagada de
múltiples irregularidades y negligencias en la integración de la averiguación
previa, que derivaron en la muerte del agraviado.
"Los policías de la FAS recibieron la sábana de llamadas de los teléfonos desde donde se comunicaban los secuestradores, sin embargo, nunca llevaron a cabo la geolocalización de los mismos. Tampoco revisaron los videos de las cámaras de seguridad del lugar en el que ocurrió el secuestro y mucho menos entrevistaron a los vecinos o conocidos del ahora occiso. Fue hasta que el periódico El Gráfico publicó la noticia del hallazgo del cuerpo en el Río de los Remedios y hasta que recibieron la llamada anónima que empezaron a investigar”, asegura el médico legista y presidente de la Limeddh, Adrián Ramírez López.
Las
irregularidades en la insvestigación del secuestro de Ángel Hernández se
hicieron más graves después de que la llamada anónima que recibió la PGJ y
derivaron en la detención arbitraria, tortura y sentencia de Rafael Martínez
Cortés.
“Los
derechos de Rafael se violaron desde la detención, pues los agentes no contaban
con una orden de presentación en su contra, además de que lo sometieron
brutalmente pese a que ellos eran 8 y estaban armados. También llama la
atención el tiempo que tardaron en presentarlo ante la FAS, casi siete horas,
cuando el Ministerio Público queda a máximo una hora del Metro Observatorio”,
explicó Ramírez López.
De las 78 pruebas en las que se basó el
Juez 13 de lo Penal para sentenciar a Rafael, sólo cuatro lo vinculan directamente y
se anulan con el certificado de tortura
El 6 de
junio de 2014, cuando los policías de investigación de la Fiscalía
Especializada para la Atención del Delito de Secuestro (FAS) presentaron a
Rafael Martínez Cortés argumentaron que éste había sido detenido cuando
intentaba reunirse con César Bravo Mejía, alias “El Chícharo”, para llevar a
cabo un nuevo secuestro, esta vez a un contratista de nombre “Francisco”, por
lo que lo detuvieron y lo sometieron aplicando la “fuerza mínima”.
En el
informe de los agentes de investigación se lee textualmente:
“…Es importante señalar que los presentados
oponen resistencia al aseguramiento, agrediendo físicamente a los suscritos,
motivo por el cual se utilizó la fuerza mínima necesaria para controlarlos,
llevándolos al piso para colocarles los candados de mano y lograr que cesaran
en su actitud agresiva y evitar que provocaran daño a la integridad física de
los suscritos o de ellos mismos”.
Junto
con el informe de la detención, los agentes Marco Antonio Caledonio González,
Martín Aángeles Ochoa e Israel Martínez Bermúdez entregaron una declaración
firmada por Rafael Martínez Cortés, César Bravo Mejía, Luis Alberto Trejo
Blancas y David Juárez Illescas, en la que afirmaban ser los autores materiales
del secuestro y asesinato de Ángel Martínez Islas, dedicarse al secuestro e
intentar privar de la libertad al contratista de nombre “Francisco”.
“Esto
sin duda es inverosímil, pues una persona no se declara a sí misma culpable. No
te dice, mira soy secuestrador porque sabe que enfrentará consecuencias muy
severas. Además, el abogado defensor debío haberles dicho que ellos no estaban
obligados a declarar en contra de sí mismos. Es claro que fueron víctimas de
tortura, y la prueba es la declaración preparatoria, en donde los cuatro
detenidos negaron su cumpabilidad, es decir, se retractaron de su primer
declaración”, mencionó el representante de la Liga Mexicana por la Defensa de
los Derechos Humanos.
La
declaración ministerial de Rafael Martínez Cortés y de César Bravo Mejía,
arrancada a base de tortura e intimidación, se convirtió en el único elemento
en el que el Juez 13 de lo Penal se basó para sentenciar a los acusados. Pues,
de acuerdo con el expediente de la causa penal 124/2015, los familiares de Ángel Hernández Islas fueron incapaces
de reconocer a Martínez en la cámara de gesell,
incluso negaron rotundamente conocerlo o haberlo visto antes por Martín
Carrera.
Asimismo,
la versión sobre el supuesto secuestro que Rafael y los otros tres detenidos
estaban a punto de cometer no pudo ser comprobada por las autoridades. Mientras
que la versión de la compra-venta del automóvil fue comprobada por el mismo
propietario del auto en venta (el patrón de Martínez Cortés) y por el signo de
pesos que tenía marcado.
De igual
forma, el ejercicio de geolocalización que realizó la Limeddh y la revisión de
la sábana de llamadas de los números desde los que se comunicaban los
secuestradores demuestra que Rafael no conocía a César Bravo Mejía, alias “El
Chícharo” y que la única vez que mantuvieron comunicación telefónica fue el 6
de junio de 2014, cuando se encontrarían para hablar sobre el auto.
Finalmente,
quedó demostrado que Rafael Martínez Cortés no recibió asistencia legal y que
las firmas del abogado de oficio que constan en la declaración ministerial,
preparatoria y careos son de una persona que nunca se presentó y de la que no
existen credenciales que comprueben su capacidad jurídica. Incluso, el Lic. Francisco
Sánchez Ríos, defendor de oficio de César Bravo Mejía, demostró que su firma
dentro del expediente que sustenta la causa penal 124/2015 fue falsificada, ya que él se encontraba de vacaciones
cuando la acción legal se llevó a cabo.
“Es a
todas luces un caso de fabricación de culpables, en el que la tortura se vuelve
la estrategia principal para arrancar confesiones que no son investigadas y que
terminan afectando el proyecto de vida de los inculpados. Rafael fue exhibido
ante los medios de comunicación como un delincuente y separado de su familia,
cuando lo que pasó es que las autoridades fueron negligentes al hacer su
trabajo”, opinó Ramírez López.
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