Boletín de Prensa
La tortura, como un delito grave, ha sido repudiada por los
diversos países adherentes a la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; el primero de estos
instrumentos en vigor en México desde el 26 de junio de 1987, mientras que el
segundo fue ratificado por nuestro país en 1987. Sin embargo, lastimosamente en
las instituciones de nuestro país la tortura continúa como una práctica
sistemática que sigue atentando contra la integridad de las personas.
Ante la Corte Interamericana se ha demostrado la falta de
controles en la custodia y puesta a disposición de una persona detenida, el
carácter inquisitorial de los procesos judiciales ante las amplias facultades
del Ministerio Público, la falta de profesionalización y sensibilidad de los
médicos y peritos para certificar las lesiones de detenidos, entre otros
factores, abonan a la práctica judicial en nuestro país.
La tortura, no es solamente un método puesto en práctica por
las instituciones castrenses y de procuración de justicia para forzar a una
persona a firmar una confesión; es también una forma de castigar a alguien
porque se sospecha que ha cometido un acto reprobable; así como un medio de intimidar
o coaccionar a otras personas, o bien, como un acto de discriminación.
En el caso particular de Mario González, denunciamos la
aplicación de esta terrible práctica de tortura, llevada a cabo por autoridades
de la Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia y
Personal del Sistema Penitenciario del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
Como veremos, la tortura padecida por Mario González está directamente
relacionada con su participación política y agravada por su aspecto físico.
Estos hechos de tortura ocurren además, en un contexto de criminalización de la
protesta social, extendida desde las reformas al Código Penal para el Distrito
Federal donde se sancionan en una mitad más los delitos de robo, lesiones y
homicidio cometidos en una concentración política, hasta los operativos
planeados y ejecutados en las manifestaciones sociales basados en la práctica
de “encapsulamiento”.
Así las cosas, que el pasado 2 de octubre, Mario González
García iba en un autobús que salió del estadio de ciudad universitaria, pasando
por el centro de la ciudad de México, cuando en la esquina de 5 de mayo e
Isabel la Católica varias patrullas (cinco o seis) le cerraron el paso al
autobús, se subieron aproximadamente cuatro o cinco policías y bajaron a todos
los jóvenes que iban a bordo, entre ellos a Mario, a quien dijeron que caminara
hacia una de las patrullas, ahí los empezaron a revisar; después de revisarlo
llegaron más de 50 granaderos, entre ocho y diez de ellos comenzaron a
golpearlo.
A Mario le dieron descargas eléctricas en costillas y en la
parte baja de la espalda del lado izquierdo, mientras pasaba eso le decían
insultos y amenazas, lo golpearon en el rostro con la mano abierta, lo
golpearon en las piernas y le pegaron en el estómago, después lo subieron a una
patrulla con otras tres personas y ahí los policías le quitaron el teléfono.
Luego les dieron vueltas hasta que los bajaron, no recuerda donde, para
volverlos a esculcar, ahí les empezaron a tomar fotos, le volvieron a golpear
en el estómago y a dar más toques eléctricos en costillas y espalda; los
esposaron mientras los amenazaban diciéndoles que los iban a mandar a la cárcel
y que ya habían “valido madre por pinches anarquistas revoltosos”.
Al llegar al Ministerio Público, el trato no fue distinto
pues en la agencia 44, al llegar ahí los agentes del MP en todo momento los
estuvieron intimidando diciéndoles muchos insultos, como “pinches mugrosos”,
les apretaron más las esposas. También los hostigaban tomándoles fotos muchas
veces con sus teléfonos, los patearon, los amenazaron con que los iban a
madrear por pinches revoltosos, después los llevaron al médico legista.
A Mario lo trasladaron a un hospital por General Anaya para
revisarle el brazo ya que lo tenía muy hinchado, como producto de la tortura
resultó con múltiples lesiones, principalmente en el brazo derecho (luxado) y
la pierna izquierda.
No obstante, estas lesiones no fueron certificadas por la
autoridad ministerial, ni por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal quien, en contubernio con el GDF, determinó que no existieron
violaciones graves a los derechos en los acontecimientos derivados de la marcha
del 2 de octubre.
Actualmente Mario González se encuentra en la etapa de
apelación de sentencia dictada en su contra por su presunta participación en la
comisión del delito de Ataques a la paz pública. Ello, sin haberse realizado el
proceso judicial con las debidas garantías que establece el artículo 20 de
nuestra Constitución.
Resulta entonces que el fraude judicial, con la utilización
de la tortura, se va conformando día a día en ese esquema sistemático, que
desarrollado desde el estado como política pública, da píe a los legítimos
reclamos sociales, por lo que exigimos:
1. Una investigación profesional e imparcial de los hechos
por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, sobre
las violaciones a derechos humanos planeadas y ejecutadas en contra de los
manifestantes.
2. Que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
lleve a cabo una investigación ajustada a los principios pro persona, donde
evite justificar las actuaciones de uso inusitado de la fuerza pública y
detenciones arbitrarias que llevó a cabo el Gobierno del Distrito Federal.
3. Invalidar en el proceso de Mario González, las
actuaciones de los policías aprehensores.
4. De manera general, que las autoridades del Gobierno del
Distrito Federal, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ajusten sus declaraciones
con base en lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos
¡TORTURA NUNCA MÁS!
“¡NI UN PRESUNTO CULPABLE MAS!”
“¡BASTA DE FABRICAR DELINCUENTES!”
A los medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos
y público en general:
ATENTAMENTE
Por las organizaciones,
Dr. Adrián Ramírez López, Presidente de la Limeddh
Recibimos comunicación: onp.mexico@gmail.com
Red de Alerta Temprana Liga Mexicana por la Defensa de los
Derechos Humanos A.C. (Limeddh), Fundación Diego Lucero A.C., Asociación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos
Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Asociación Nacional de Abogados
Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México),
la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de
Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos
del Estado de México (ADHEM), Asociación para la Defensa de los Derechos
Humanos y Equidad de Género (ASDDHEG).
2005-2015 “Década de lucha contra la impunidad”
México, Distrito Federal a 5 de febrero de 2014