Este segmento explica las razones estructurales por las cuales se considera que el caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado. El ponente expone cómo las políticas de ajuste estructural e intereses internacionales buscaron transformar la educación de un derecho constitucional (Artículo 3°) a un modelo de negocio privado. Al encontrar resistencia social en el magisterio organizado (CNTE) y en las Normales Rurales —creadas desde el periodo cardenista como centros de formación y organización popular—, el Estado recurrió a una estrategia integral: campañas mediáticas de estigmatización, asfixia económica a los internados, criminalización de la protesta y represión policial-militar para desmantelar este modelo educativo.