Ciudad de México, a 8 de julio de 2022
Posicionamiento en torno al caso de los cuatro presos políticos de Aguas Blancas, Guerrero
A lo largo de la historia en México se han vivido distintos hechos de violencia, impunidad y corrupción, donde el Estado se ha visto involucrado en graves violaciones a los derechos humanos, sin recibir algún tipo de castigo para quienes han perpetrado dichos actos.
La masacre de Aguas Blancas es uno de los tantos hechos donde el Estado ha tenido un papel crucial en la planeación de los crímenes, por lo que se considera a este suceso como un crimen de Estado. Esta masacre fue en hecho que tuvo lugar el 28 de junio de 1995 en el estado de Guerrero, donde la Organización Campesina de la Sierra del Sur realizó una movilización con poco más de 60 campesinos distribuidos en tres camiones que se dirigían hacia Coyuca de Benítez con la única finalidad de exigir la presentación con vida de uno de sus integrantes de nombre Gilberto Romero Vázquez.
Durante su trayecto fueron emboscados cerca del poblado de Aguas Blancas por policías motorizados y agentes judiciales del estado de Guerrero, los bajaron de dos
de los camiones donde viajaban, los golpearon y posteriormente dispararon en su contra, en este atentado murieron 17 campesinos a los cuales se les sembraron armas para culparlos de inicar un enfrentamiento, otras 14 personas más resultaron heridas, los sobrevivientes fueron obligados a regresar a sus pueblos, posteriormente algunos de ellos y sus familias fueron perseguidos, acosados, desplazados, algunos otros fueron ejecutados extrajudicialmente y otros más fueron encarcelados por delitos fabricados y obteniendo su confesión por medio de la tortura.
Ante este suceso y con la supuesta intención de esclarecer los hechos, el 4 de marzo de 1996 el presidente de la República emitió una petición a la suprema Corte de Justicia de la Nación para averiguar algún hecho que constituyera una falta grave a alguna garantía individual y, el 23 de abril del mismo año el Tribunal emitió un dictamen donde señaló que, en efecto, existió violación grave a las garantías individuales en los acontecimientos de Aguas Blancas y donde al mismo tiempo señala la responsabilidad de al menos 50 ex funcionarios públicos como el Gobernador con licencia Rubén Figueroa Alcocer, José Rubén Robles Catalán quien fuera Secretario General de Gobierno, Antonio Alcocer Salazar exprocurador General de Justicia, Rodolfo Sotomayor Espino exprimer Procurador de Justicia, entre otros.
Muchos de los implicados en este caso incluido el propio Gobernador del estado no recibieron un castigo punitivo por los hechos de aguas Blancas, la mayoría de los funcionarios fueron exonerados, amparados y liberados, mientras tanto, los familiares y víctimas se han visto envueltas en una lucha constante por huir de la persecución en su contra y de las injusticias cometidas.
Respecto a esto, el año pasado la OCSS y familiares de cuatro sobrevivientes emitieron una carta dirigida al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en donde se expusieron los casos de Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Orlando Ávila Mesino y Gerónimo Hernández Refugio sobrevivientes de la masacre y mismos que sufrieron de persecución y hace ya 20 años que se encuentran detenidos bajo acusaciones falsas. El caso de estas cuatro personas ha sido acreditado y tomado por instituciones defensoras de derechos humanos, entre ellos la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos quienes solicitan que se les aplique el protocolo de Estambul sobre tortura, castigos y tratos crueles, degradantes e inhumanos, con el fin de demostrar que las confesiones de estas personas fueron obtenidas bajo tortura y en su caso, de ser posible promover la peticion de indulto para estas personas presas politicas.
Todos estos acontecimientos dejan ver la gravedad que se vive en México con un narco estado al servicio de las organizaciones delincuenciales. Así, la historia de nuestro país se ha visto plagada de levantamientos de grupos sociales que demandan mejores condiciones de seguridad, la cual, es una lucha legítima por parte de la sociedad para lograr tener una vida digna, en paz y en completa libertad.
El discurso político de nuestros representantes siempre ha sido el de asumir las necesidades de la población, atenderlas, crear las condiciones necesarias para una vida mejor y al mismo tiempo, salvaguardar la integridad de cada uno de nosotros, sin embargo, la práctica no ha sido igual al discurso.
La nula atención del Estado a las demandas sociales, han provocado el surgimiento de redes de apoyo, resistencias y grupos que buscan defender sus derechos. Comprendemos que las leyes creadas en nuestro país en materia de derechos humanos supuestamente diseñadas con la finalidad de salvaguardar la integridad y la seguridad de los ciudadanos, no han sido eficaces en el cumplimiento de sus objetivos pues, de ser así, las personas que perpetraron este crimen habrían sido castigadas.
Es así, que a 26 años de este terrible acto cometido por las autoridades guerrerenses continúa la lucha por la justicia para las víctimas de este caso y que organizaciones no gubernamentales como la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) se pronuncia para respaldar a las víctimas de esta matanza y exigir justicia para los presos políticos, víctimas mortales y sobrevivientes así como a familiares.
Por ello, la LIMEDDH hoy nuevamente insiste en hacer un llamado a las autoridades para la atención debida a los casos de violación de los derechos humanos de las personas víctimas de persecución política, fabricación de delitos, tortura y asesinato en nombre de la causa justa, especificamente de los cuatro presos politicos, mediante la solicitud del indulto para estas personas que se encuentran recluidas hace ya dos decadas por delitos que no cometieron y de los cuales no hay pruebas suficientes que demuestren lo contrario, por tanto solicitamos que se atiendan nuestras peticiones para logar su inmediata libertad y que puedan retomar un poco de la vida que les fue arrebatada en aquel suceso. De esta manera no solo ellos serían retribuidos sino que también se haría justicia por los campesinos masacrados, al comprobar que no existió nunca un enfrentamiento por parte de los campesinos hacia los policías y a su vez el estado tendría la oportunidad de resarcir el daño ocasionado en administraciones anteriores.
De la misma manera, creemos firmemente en la legítima exigencia de justicia para los casos de crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado y paramilitares e invitamos a las instituciones gubernamentales a responder de la manera debida y coadyuvar con nuestra organización para atender de manera pertinente estos casos y así evitar que siga imperando la impunidad.
Asimismo, sostenemos la convicción de que es posible una búsqueda de justicia cada día mejor y desde esta organización pronunciamos nuestra preocupación por la impunidad que persiste hasta estos días en Guerrero y el resto del país y proponemos que se creen nuevas leyes, o bien se reformen o deroguen las existentes en materia de delincuencia organizada, que se creen políticas que sean capaces de revisar y atender las causas de problemas sociales para que se de atención oportuna a algún evento que pudiera culminar en este tipo de crímenes. Pedimos que cese la impunidad, que los involucrados, sin importar su cargo sean castigados, que se promueva la ley de Amnistía para los presos políticos y que se revisen los casos existentes de tortura, fabricacion de delitos, desapariciones frozadas, desplazamientos frozados.
