El Comité de Familiares de Detenidos - Desaparecidos en Honduras (COFADEH) a la opinión pública internacional denuncia que las fuerzas militares de Honduras, en sus diversas denominaciones soldadescas – PMOP, Policía Antimotines TIGRES, Policía Preventiva, DPI o Policía Comunitaria – están actuando sin control contra la integridad física, la libertad y la vida de la población en el marco de la emergencia provocada por el coronavirus.
Desde el 20 de abril al 20 de mayo se registra al alza una serie de casos en los cuales concurren puñetazos, bofetadas, puntapiés, insultos verbales, golpes con objetos contusos, gases lacrimógenos, torturas psicológicas y balazos por parte de esas fuerzas uniformadas al servicio de la dictadura que tomó control ilegal del Estado desde 2009.
Las víctimas en los cuatro puntos cardinales de Honduras son hombres y mujeres que por razones de vida circulaban en lugares donde una patrulla, una cuadrilla, un retén, una unidad motorizada o un par de agentes en motos asumieron la supremacía de la autoridad nacional para hacer cumplir con extremos abusos “el toque de queda decretado por el gobierno”.
Las denuncias describen encierros en instalaciones hacinadas sin medidas de higiene personal, fracturas sin atención médica, ingresos forzados a instalaciones sanitarias bajo vigilancia de sus propios agresores, golpes en público sin derecho de sus familias o vecinos a registrar los hechos y, en el peor de los casos, muertes violentas a causa de balas de armas oficiales.
Marvin Rolando Alvarado Santiago murió el 24 de abril en la aldea El Paraíso, en Omoa, Cortés, en un retén de la Policía Militar (PMOP) donde un agente disparó contra su humanidad y la de su hermano Héctor Alvarado, quien sobrevivió. Marvin era un trabajador informal, miembro del equipo comunitario de vigilancia sanitaria, quien regresaba a casa junto a su familia. Murió por las heridas de bala en el Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, bajo vigilancia de sus agresores.
En Protección, Santa Bárbara, en el Occidente del país, Alex Castellanos, mecánico de 22 años, fue detenido ilegalmente el 25 de abril en un retén de policía preventiva por no portar sus documentos personales. Fue obligado junto a otra persona menor de edad a realizar repetidos ejercicios militares a cambio de obtener su libertad, lejos de su lugar de residencia. Sigue bajo amenaza policial.
En la entrada a la Península de Zacate Grande, municipio de Amapala, Valle, sur de Honduras, una columna de agentes antimotines TIGRES agredieron con gases lacrimógenos, puntapiés y puñetazos a Oscar Machado y a Eduardo Vásquez, quienes registraban la temperatura de los transeúntes al ingresar a la comunidad. Los uniformados rehusaron cumplir la rutina comunitaria y además dispararon al aire a atravesar el puesto de control ciudadano. El hecho ocurrió el 24 de abril a las 8:00 de la noche.
En el municipio de Guaymaca, en Francisco Morazán, Erick Sánchez fue brutalmente golpeado el 13 de abril por cinco policías preventivos que lo eligieron su víctima, así de simple. Producto de la golpiza se encuentra grave y sin poder mover su cuello.
El 04 de mayo los hermanos José Dolores Rodríguez y Jaime Enrique Álvarez fueron detenidos en un retén policial a la altura de Pavana, Choluteca, donde fueron objeto de agresiones físicas por la policía departamental.
En Guarizama, Olancho, zona centro-oriental del país, la Policía Militar detuvo ilegalmente a Miguel Padilla junto a su cuñado Yoni Duarte, a quienes trasladó a San Francisco de la Paz, donde fueron torturados en indefensión absoluta el 7 de mayo.
El adolescente César Arnulfo Blandón Merlo fue objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes por agentes de policía preventiva que irrespetaron el retén comunitario de fumigación que sostenían en Jutiapa, Danlí, El Paraíso. Una patrulla sin número de registro y sin placas se negó a la fumigación y golpeó en el pecho, en la nuca, en el rostro, costillas y los brazos fracturando una mano a César. El hecho ocurrió el 09 de mayo por demandar a los uniformados que den el ejemplo a la población sometiéndose al control biosanitario.
El 20 de mayo Heydi Mareli y su hermano Wilmer Roberto Amaya Rubio fueron arbitrariamente detenidos y agredidos físicamente con puñetazos, puntapiés y bofetadas, además de insultos, por 9 agentes de la Policía Preventiva que no admitieron nunca que Wilmer acompañara desde su auto las diligencias de su hermana plenamente habilitada para circular en el municipio de Campamento, Olancho.
El régimen, cuyos gerentes militares y políticos sin experiencia médica asumieron en marzo la gerencia de la pandemia, han restringido, ampliado o flexibilizado en el tiempo medidas de control sanitario y de derechos constitucionales sin criterios técnicos, científicos ni jurídicos, al extremo de provocar confusión, incertidumbre y desesperación entre la población de regiones afectadas o libres de contagio por igual, que a su vez es aprovechado por las fuerzas militares para imponer su fuerza bruta.
El COFADEH siente profundamente el dolor y la impotencia de las familias que han perdido seres queridos por la violencia impune de los agentes del Estado a cargo de la cuarentena obligatoria y protesta en voz alta contra las agresiones, torturas, amenazas de muerte y humillaciones contra hombres y mujeres que ejercen sus derechos a la circulación, la libre expresión, la organización y la protesta, atendiendo las medidas biosanitarias exigidas por la Organización Mundial de la Salud.
En este llamado de acción urgente hacemos notar que, en casi la totalidad de las agresiones, los uniformados armados al servicio de la estrategia represiva de la dictadura alegan haber sido irrespetados por la ciudadanía que, por el contrario, es blanco directo de sus prepotencias, estupideces verbales, amenazas con armamentos de guerra y actos de hostigamiento, que es la constante en Honduras contra luchadores sociales y personas defensoras de derechos humanos en general.
Hemos presentado esta semana un reporte detallado de todos los casos bajo conocimiento del Cofadeh ante la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelette, y ahora lanzamos esta acción urgente para la acción general a fin de detener el crecimiento de esta pandemia paralela de abusos cometidos por esa generación de políticos y militares seriamente comprometidos con actividades ilícitas de crimen organizado.
Estamos conscientes que ni en guerra ni en conmoción nacional o dictadura, los derechos humanos pierden su vigencia; por tanto, con carácter urgente pedimos que ustedes se dirijan a las representaciones de los poderes constituidos en Honduras a fin de tomar las siguientes acciones prioritarias:
1. Garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de sus ciudadanos, proteger a las víctimas de la presenta acción urgente, a sus familias, a los miembros de los patronatos y comisiones comunitarias a las que pertenecen.
2. Llevar a cabo una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
3. Poner fin a todo tipo de agresiones, amenazas y actos de hostigamiento contra la ciudadanía, así como a los defensores de derechos humanos durante y después de esta emergencia cuya urgencia y apremio no justifica ningún exceso de discrecionalidad o poder excesivo.
4. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras.
Agradecemos hacer sus llamamientos a las siguientes autoridades:
ROLANDO ARGUETA
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
E-mail: presidencia@poderjudicial.gob.hn
Fax: (504) 2275-7670
Tel: (504) 2275-3101
Abogado
OSCAR CHINCHILLA
Fiscal General de la República
Ministerio Público
E-mail: ngosorto@gmail.com
Tel(fax): (504) 2221-5670
Abogada
KARLA CUEVA
Secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos
Tel(fax): 2231-0204
E-mail: karlacueva144@gmail.com
Doctor
ROBERTO HERRERA CACERES
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Colonia Florencia Norte
Boulevard Suyapa, contiguo a Banco Lafice
Tegucigalpa, Honduras
Tel: 2231-0204; 2231-0882
E-mail: secretaria.despacho@conadeh.hn
ISABEL ALBALADEJO ESCRIBANO
Representante de País a.i.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Honduras (OACNUDH)
Col. Castaño Sur, Ave. Castaño Sur, Casa #2911, Tegucigalpa, Honduras
E-mail: onuddhh@ohchr.org
Tel: +504 2269. 1864
Web: www.oacnudh.hn
Agradecemos enviar copia de sus acciones a:
COFADEH
E-mail: berthacofadeh@yahoo.com
Tel(fax): (504) 2220-5280
Atentamente,
BERTHA OLIVA DE NATIVI
Coordinadora General
Tegucigalpa, MDC., 24 de mayo del 2020
