El 22 de septiembre de 2001, después de una larga jornada laboral, Antonio fue interceptado por policías ministeriales, quienes sin orden de aprehensión y sin ofrecer explicación alguna lo golpearon brutalmente y se lo llevaron.
Durante horas, Barragán Carrasco fue sometido a sesiones de tortura, que incluían desde golpes en diversas partes del cuerpo hasta maniobras de asfixia y choques eléctricos. El objetivo era uno: conseguir que se declara culpable del secuestro y asesinato de Paola Gallo Delgado y de tres de los secuestradores.
Antonio Barragán Carrasco era militante de la OCSS, organización campesina que fue masacrada por la policía del Estado de Guerrero en 1995 para detener las exigencias
Tras la “masacre de Aguas Blancas”, Barragán Carrasco huyó de su natal Guerrero para refugiarse en Baja California, donde consiguió un trabajo como recolector de jitomate que le permitía mantener a su familia lejos de las amenazas del Estado mexicano.
Sin embargo, en 2001 Antonio Barragán fue acusado por el empresario Eduardo Gallo Tello del secuestro y asesinato de su hija Paola, de 25 años de edad. Motivo por el cuál, fue detenido y torturado por más de 6 horas en el Centro de Readaptación Social de Morelos.
“Durante 6 horas me estuvieron torturando física y psicológicamente el particular Eduardo Gallo y el policía Rey David, poniéndome bolsas de plástico en la cabeza y dándome de golpes en todo el cuerpo”, recuerda Barragán Carrasco.
Eduardo Gallo, no poseía ningún sustento jurídico-penal para interrogar a Antonio ni mucho menos para exigir su declaración. Pese a esto, Sebastián Insunza, Director del Centro de Readaptación Social, permitió a Gallo ingresar al interrogatorio y torturar a Antonio hasta que se declaró culpable.
“Estuve castigado por su propio capricho [el de Eduardo Gallo], permaneciendo aislado en una celda por un año tres meses sin que existiera un sustento jurídico-legal que avalara el proceder de todas y cada una de las autoridades encargadas de impartir justicia en nuestro Estado mexicano”, cuenta Antonio Barragán.
El 24 de septiembre de 2001, Barragán Carrasco fue ingresado al penal de Atlacholoaya, Morelos.
De acuerdo con el certificado médico emitido en Ensenada, Baja California –desde donde fue trasladado– Antonio Barragán presentaba quemaduras en diferentes partes del cuerpo como resultado de los choques eléctricos.
Pese a esto, las autoridades de Morelos impidieron que se le aplicara el Protocolo de Estambul, destinado a detectar la tortura.
Antonio Barragán Carrasco permaneció 13 años en el Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya, Morelos, en espera de una sentencia judicial. Pero fue hasta el 13 de enero de 2015, luego de un proceso plagado de irregularidades, que fue sentenciado a 33 años de prisión por el delito de homicidio calificado.
Hoy, a 16 años de su detención arbitraria, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y las demás organizaciones que conforman la Red de Alerta Temprana se encuentran trabajando en un amparo directo para demostrar su inocencia.
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