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Análisis del encuentro entre el Presidente de México Enrique Peña Nieto y los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Las mentiras se confrontan con la verdad
La matanza de los estudiantes normalista de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, México. La causa de las causas: Un Genocidio Equiparado. Responsabilidad del Estado Mexicano
Lo de Ayotzinapa es un delito de Estado y responsabilidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno, no sólo el municipal. Existe una coordinación nacional de seguridad pública y las fuerzas armadas realizan labores policiales.
Lo de Ayotzinapa es un delito de Estado y responsabilidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno, no sólo el municipal. Existe una coordinación nacional de seguridad pública y las fuerzas armadas realizan labores policiales.
¿DÓNDE ESTÁN? En la conferencia de prensa del 07 de noviembre del 2014 sobre el caso de los 43 desaparecidos de Ayozinapa y de los 7 ejecutados extrajudicialmente, José Murillo Karam procurador general de la República, omitió decir dónde están los 43, dónde está la opinión del Equipo Argentino de Antropología Forense y demás coadyuvantes y dónde está la línea de investigación de las omisiones, complicidades y o aquiescencias de elementos de la Sedena, el CISEN, las fuerzas federales y estatales en todo este caso. No basta con contar una historia coherente de delincuentes y su infiltración en la policía y en autoridades municipales. Faltan actores principales y los guionistas de esta historia, que involucra la participación directa del gobierno Federal, del mismo Murillo Karam y de Peña Nieto, además de la injerencia consuetudinaria del Estado Norteamericano y su "Operativo Rápido y Furioso", todos ellos responsables de la grave crisis humanitaria en la que se encuentra México. Adrián Ramírez López, presidente de la Limeddh.
Deben ser citados a comparecer en relación al caso Ayotzinapa, además de las autoridades de Guerrero y el municipio de Iguala, los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional:
El Titular del Poder Ejecutivo Federal, que lo preside; El Secretario de Gobernación, que funge como Secretario Ejecutivo; El Secretario de la Defensa Nacional; El Secretario de Marina; El Secretario de Seguridad Pública; El Secretario de Hacienda y Crédito Público; El Secretario de la Función Pública; La Secretaria de Relaciones Exteriores; El Secretario de Comunicaciones y Transportes; El Procurador General de la República; El Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
No podemos perder de vista la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien avaló que las fuerzas armadas realicen labores de policía. Y la de los legisladores y su Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Ellos, ellos, tienen mucho que decir de cara a los familiares y normalistas, el pueblo mexicano, y la comunidad internacional. Además deberán asumir la responsabilidad por omisión, negligencia, o aquiescencia.
Subrayamos que el 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, fue el mismo que amenazó y hostigó a los estudiantes de Ayotzinapa que buscaban ayuda el 27 de septiembre 2014 y es el mismo que hostiga a los estudiantes de Teloloapan. De la misma manera recordamos que el 1 de marzo de 2010, fueron desaparecidos, por elementos del 27 Batallón de Infantería Francis Alejandro García Orozco, de 32 años, quien era dueño de un bar, los empleados Sergio Menes Landa, de 22; Olimpo Hernández Villa, de 34; Andrés Antonio Orduña Vázquez, de 21; Zózimo Chacón Jiménez, de 22 y el adolescente que ayudaba ese día Lenin Vladimir Pita Barrera, de 17. Los hechos siguen impunes.
Los intereses económicos detrás del caso Ayotzinapa.
El 27 noviembre 2014, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, emitió un mensaje, que nos anuncia 10 medidas que, en realidad son mucho más de esos 10 puntos. A dos meses sin resultados efectivos para dar con el paradero de los 43 normalista desaparecidos de Ayotzinapa.
El mensaje del presidente expone claramente, los intereses económicos pro empresariales y los megaproyectos como respuesta a la grave crisis de derechos humanos que vive México. EPN Insulta cuando dice: “Ayotzinapa somos todos”, nosotros le contestamos Ayotzinapa Somos todos, menos ustedes.
Una serie de acciones espectaculares que pretende realizar el Gobierno Federal, con varias iniciativas de ley y otras acciones aparentemente se avanzará en materia de procuración de justicia y de seguridad pública. Lo que se resalta en su discurso son las verdaderas causas y génesis estructural del conflicto que estamos viviendo, son la implementación de los mega proyectos en las zonas de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, grandes proyectos carreteros y de infraestructura, medidas de apoyo y protección para la inversión. Para ello, utiliza el discurso de que el origen del problema son los rezagos estructurales que existen entre la desigualdad entre del norte del país con el sur, y no en la grave desigualdad social, corrupción y que hoy vivimos este Narco Estado Policiaco Militar.
Sin embargo tenemos que mencionar que las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos, la violencia extrema que hemos vivido, esta crisis gravísima de derechos humanos que inicio con el gobierno de Felipe Calderón y continua en el de Peña Nieto no se debe a esas disparidades entre el norte y el sur puesto que la situación es muy grave tanto en el norte como en el sur.
Se anunciaron medidas espectaculares de mayor presencia del ejército, contrario al ofrecimiento de que el Ejército regrese a sus cuarteles como lo hemos pedido tanto en México como la comunidad internacional y los organismos multilaterales de derechos humanos. Asimismo, se habla de la restructuración de las policías y la desaparición de todas las policías municipales, mismas que serán reorganizadas en policías unificadas por cada estado de la República, como si esa fuera la respuesta. Recordamos que años atrás, así nos anunciaron la creación de la Policía Federal Preventiva, nos dijeron que la presencia del ejército, quien hoy nos tienen en esta grave crisis en la que no se garantiza, ni la seguridad, ni la justicia. Hemos visto que ni la policía, ni el ejército, ni la marina, ni todas estas medidas espectaculares han dado resultados.
De materia de lucha contra de la corrupción, las medidas que anuncian son muy limitadas, no se habla del secreto bancario, del secreto hacendario que condona adeudos a grandes empresas, ni mucho menos la injerencia estadounidense con el operativo “Rápido y Furioso” que ha dotado de armas y contribuido a organizar a la delincuencia.
En materia de respeto a los Derechos Humanos sus propuestas son también muy muy limitadas; no hay nada nuevo ni espectacular simplemente es el anuncio de lo que debiera ser el Estado Mexicano respuesta en un estado de derecho respetuoso de los derechos humanos. Ya existen las leyes, lo que falta es la combinación entre las estructuras, pero sobre todo como fortalecer la eficacia del pueblo como soberano y garante. Anuncia también que se le dará más presencia a las organizaciones de la sociedad civil, empero, sus medidas no garantizan una participación efectiva.
Omite decir absolutamente nada respecto al papel del Ejército, de la Marina, de las fuerzas armada, de las fuerzas federales, que ha protegido y tutelado las graves violaciones a los derechos humanos. Ellos no son la solución, pero sí, son parte del problema.
Triunfalistamente menciona que hay una disminución sensible de las cifras de las muertes violentas en el país, sin embargo no presenta elementos con qué sustentarlo, no hay registros ni estadísticas confiables. Deja de lado un aspecto muy importante que es que el hecho como ciudadanos ni siquiera conocemos las cifras reales de denuncias, de violaciones graves a los derechos humanos, de las ejecuciones extrajudiciales y muertes violentas que ocurren día a día a lo largo y ancho del país.
El día en que se hace este anuncio, nos despertamos con 11 nuevos hallazgos de jóvenes decapitados entre 20 y 25 años allá en Chilapa Guerrero, decapitados y tratados de incinerar es este problema del juvenicidio que existe hoy en nuestro país una situación muy muy graves.
Tampoco se hacen avances fundamentales en materia de la investigación pero también hay una cosa muy grave, la intolerancia del gobierno, anuncio el endurecimiento en relación a las protestas, no acepta que la violencia es estructural y que la utilización del ejército y de las fuerzas armadas en labores de policía, ha fracasado, por el contrario, parece reforzarlo.
Deben ser citados a comparecer en relación al caso Ayotzinapa, además de las autoridades de Guerrero y el municipio de Iguala, los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional:
El Titular del Poder Ejecutivo Federal, que lo preside; El Secretario de Gobernación, que funge como Secretario Ejecutivo; El Secretario de la Defensa Nacional; El Secretario de Marina; El Secretario de Seguridad Pública; El Secretario de Hacienda y Crédito Público; El Secretario de la Función Pública; La Secretaria de Relaciones Exteriores; El Secretario de Comunicaciones y Transportes; El Procurador General de la República; El Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
No podemos perder de vista la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien avaló que las fuerzas armadas realicen labores de policía. Y la de los legisladores y su Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Ellos, ellos, tienen mucho que decir de cara a los familiares y normalistas, el pueblo mexicano, y la comunidad internacional. Además deberán asumir la responsabilidad por omisión, negligencia, o aquiescencia.
Subrayamos que el 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, fue el mismo que amenazó y hostigó a los estudiantes de Ayotzinapa que buscaban ayuda el 27 de septiembre 2014 y es el mismo que hostiga a los estudiantes de Teloloapan. De la misma manera recordamos que el 1 de marzo de 2010, fueron desaparecidos, por elementos del 27 Batallón de Infantería Francis Alejandro García Orozco, de 32 años, quien era dueño de un bar, los empleados Sergio Menes Landa, de 22; Olimpo Hernández Villa, de 34; Andrés Antonio Orduña Vázquez, de 21; Zózimo Chacón Jiménez, de 22 y el adolescente que ayudaba ese día Lenin Vladimir Pita Barrera, de 17. Los hechos siguen impunes.
Los intereses económicos detrás del caso Ayotzinapa.
El 27 noviembre 2014, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, emitió un mensaje, que nos anuncia 10 medidas que, en realidad son mucho más de esos 10 puntos. A dos meses sin resultados efectivos para dar con el paradero de los 43 normalista desaparecidos de Ayotzinapa.
El mensaje del presidente expone claramente, los intereses económicos pro empresariales y los megaproyectos como respuesta a la grave crisis de derechos humanos que vive México. EPN Insulta cuando dice: “Ayotzinapa somos todos”, nosotros le contestamos Ayotzinapa Somos todos, menos ustedes.
Una serie de acciones espectaculares que pretende realizar el Gobierno Federal, con varias iniciativas de ley y otras acciones aparentemente se avanzará en materia de procuración de justicia y de seguridad pública. Lo que se resalta en su discurso son las verdaderas causas y génesis estructural del conflicto que estamos viviendo, son la implementación de los mega proyectos en las zonas de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, grandes proyectos carreteros y de infraestructura, medidas de apoyo y protección para la inversión. Para ello, utiliza el discurso de que el origen del problema son los rezagos estructurales que existen entre la desigualdad entre del norte del país con el sur, y no en la grave desigualdad social, corrupción y que hoy vivimos este Narco Estado Policiaco Militar.
Sin embargo tenemos que mencionar que las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos, la violencia extrema que hemos vivido, esta crisis gravísima de derechos humanos que inicio con el gobierno de Felipe Calderón y continua en el de Peña Nieto no se debe a esas disparidades entre el norte y el sur puesto que la situación es muy grave tanto en el norte como en el sur.
Se anunciaron medidas espectaculares de mayor presencia del ejército, contrario al ofrecimiento de que el Ejército regrese a sus cuarteles como lo hemos pedido tanto en México como la comunidad internacional y los organismos multilaterales de derechos humanos. Asimismo, se habla de la restructuración de las policías y la desaparición de todas las policías municipales, mismas que serán reorganizadas en policías unificadas por cada estado de la República, como si esa fuera la respuesta. Recordamos que años atrás, así nos anunciaron la creación de la Policía Federal Preventiva, nos dijeron que la presencia del ejército, quien hoy nos tienen en esta grave crisis en la que no se garantiza, ni la seguridad, ni la justicia. Hemos visto que ni la policía, ni el ejército, ni la marina, ni todas estas medidas espectaculares han dado resultados.
De materia de lucha contra de la corrupción, las medidas que anuncian son muy limitadas, no se habla del secreto bancario, del secreto hacendario que condona adeudos a grandes empresas, ni mucho menos la injerencia estadounidense con el operativo “Rápido y Furioso” que ha dotado de armas y contribuido a organizar a la delincuencia.
En materia de respeto a los Derechos Humanos sus propuestas son también muy muy limitadas; no hay nada nuevo ni espectacular simplemente es el anuncio de lo que debiera ser el Estado Mexicano respuesta en un estado de derecho respetuoso de los derechos humanos. Ya existen las leyes, lo que falta es la combinación entre las estructuras, pero sobre todo como fortalecer la eficacia del pueblo como soberano y garante. Anuncia también que se le dará más presencia a las organizaciones de la sociedad civil, empero, sus medidas no garantizan una participación efectiva.
Omite decir absolutamente nada respecto al papel del Ejército, de la Marina, de las fuerzas armada, de las fuerzas federales, que ha protegido y tutelado las graves violaciones a los derechos humanos. Ellos no son la solución, pero sí, son parte del problema.
Triunfalistamente menciona que hay una disminución sensible de las cifras de las muertes violentas en el país, sin embargo no presenta elementos con qué sustentarlo, no hay registros ni estadísticas confiables. Deja de lado un aspecto muy importante que es que el hecho como ciudadanos ni siquiera conocemos las cifras reales de denuncias, de violaciones graves a los derechos humanos, de las ejecuciones extrajudiciales y muertes violentas que ocurren día a día a lo largo y ancho del país.
El día en que se hace este anuncio, nos despertamos con 11 nuevos hallazgos de jóvenes decapitados entre 20 y 25 años allá en Chilapa Guerrero, decapitados y tratados de incinerar es este problema del juvenicidio que existe hoy en nuestro país una situación muy muy graves.
Tampoco se hacen avances fundamentales en materia de la investigación pero también hay una cosa muy grave, la intolerancia del gobierno, anuncio el endurecimiento en relación a las protestas, no acepta que la violencia es estructural y que la utilización del ejército y de las fuerzas armadas en labores de policía, ha fracasado, por el contrario, parece reforzarlo.
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