Adriana
Covarrubias / El Universal
Acapulco,
Gro / Jueves 12 de diciembre de 2013
Familiares
de dos estudiantes normalistas asesinados el 12 de diciembre de 2011
durante una protesta en la Autopista del Sol exigen justicia
Familiares
de los dos estudiantes de Ayotiznapa asesinados
el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista
del Sol por la Policía Federal,
acudirán a instancias internacionales para exigir justicia, pues
ningún servidor público ha sido sancionado por la muerte de Jorge
Alexis Herrera Pino y Gabriel
Echeverría de Jesús.
En
un comunicado, el organismo no gubernamental de Tlachinollan informó
que a dos años del desalojo violento de los estudiantes
de Ayotzinapa cometido
por policías federales y la muerte de dos alumnos, estos hechos
permanecen en la impunidad.
"Ante
el descrédito de la justicia guerrerense, los familiares de Jorge
Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, como en muchos
otros casos de impunidad, se ven orillados a elevar su reclamo ante
instancias internacionales", indicó.
El
12 de diciembre de 2011, alrededor de 300 normalistas se manifestaron
en la Autopista del Sol para exigir una audiencia con el gobernador
del estado, Ángel Aguirre Rivero, pero fueron desalojado de manera
violenta por al menos, según se acreditó en las investigaciones,
168 elementos de la Policía Federal, de la Policía Ministerial
estatal y de la Policía Estatal Preventiva, de los cuales 91
portaban armas de fuego.
La
investigación que realizó la CNDH comprobó que al menos 24 de
estas armas fueron disparadas en los hechos, involucrando a todas las
corporaciones policiales presentes; también se verificó que ningún
manifestante acudió armado.
Como
consecuencia de este operativo, fueron asesinados Jorge Alexis
Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
También
fue privado de la vida el señor Gonzalo Rivas Cámara. Además,
fueron detenidas arbitrariamente 24 personas, y un estudiante de 19
años fue violentamente torturado por la Policía Ministerial
guerrerense para imputarle la portación de un arma de fuego.
Los
familiares de los jóvenes estudiantes asesinados señalaron que a
pesar de las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves a derechos humanos, no
se impulsó ningún mecanismo extraordinario para asegurar el
cumplimiento de dicha recomendación, como lo ameritaba el caso.
Asimismo
Tlachinollan señala que no se han adoptado medidas que garanticen la
no repetición de estos hechos.
"En
Guerrero el delito de tortura aún no ha sido incluido en el Código
Penal; la marginación estructural de las normas rurales no ha sido
atendida; y la Procuraduría General de Justicia no ha sido renovada
para que los elementos que emplean la tortura de manera sistemática
sean removidos. Por el contrario, hoy la justicia guerrerense se
encuentra sumida en una profunda crisis: en los últimos dos años,
al menos 13 activistas y luchadores sociales han sido asesinados y/o
desaparecidos, sin que la mayoría de estos casos se haya esclarecido
o sancionado", señaló el organismo no gubernamental.
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