(10 de agosto, 2013).- El pasado 2 de agosto fue asesinado en el Estado de Veracruz Noé Vázquez, miembro del MAPDER (Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los RÃos), en la vÃspera del X Aniversario, en circunstancias no claras. Tres dÃas después, el 5 de Agosto en el Estado de Guerrero fueron encontrados muertos (en condiciones violentas) y con huellas de tortura Samuel Vargas, Miguel N y Raymundo Velázquez, este último lÃder del Partido Comunista de México (PCM) y también dirigente de la Liga Agraria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ).
Cabe destacar que tanto el MAPDER como el LARSEZ son
organizaciones que mantienen una postura crÃtica ante los mega proyectos de
presas y minas por las consecuencias caóticas directas al medio ambiente y a
las comunidades donde se instalan, tales como la pérdida de su patrimonio y el
desplazamiento forzado.
Para la LIMEDDH es inaceptable que el gobierno en sus tres
niveles continúe sin garantizar la seguridad a las organizaciones sociales
puesto que ellas son referentes básicos de la democracia y canales para la
solución de conflictos sociales. Además de que hay antecedentes históricos en
esos Estados, especialmente de represión comprobada contra este tipo de
activistas, que defienden entre otras cosas el derecho a la libre
autodeterminación de los pueblos reconocido en el Convenio 169 de la OIT que
plantea sin restricciones este precepto y que se encuentra en discordancia con
la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que en el artÃculo 2 y el 27 restringe
el acceso a este derecho.
Resulta preocupante el señalamiento de diversas
organizaciones hacia los gobiernos Estatales, municipales y diversos actores
privados interesados en la implantación de mega proyectos como los responsables
de estos sucesos y de sucesos semejantes en el pasado, por citar un ejemplo el
caso del asesinato de los dos activistas indÃgenas nahuas ultimados en 1992 en
el Estado de Guerrero y el reciente caso de la desaparición forzada de 8
miembros de La Unidad Popular de Iguala, también de Guerrero hace dos meses,
donde se ejecutó extrajudicialmente a tres de ellos.
En este sentido la LIMEDDH condena el que el gobierno de
México hasta ahora no haya dado cumplimiento a los acuerdos nacionales ni
internacionales, señalando entre ellos, los Acuerdos de San Andrés Larráizal
referente a derechos y cultura indÃgena. Enfatizamos que estos cuatro
asesinatos se suman a las crecientes cifras negras de ataques a periodistas,
defensores de derechos humanos y lÃderes de movimientos sociales en lo que va
del gobierno de Enrique Peña Nieto; sin que haya avances claros y dónde reina
la impunidad.
Edith Meneses
Responsable de Enlace y Comunicación
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
Una llama encendida por la libertad de los pueblos
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ArtÃculos