LIMEDDH condena asesinatos a activistas


(10 de agosto, 2013).- El pasado 2 de agosto fue asesinado en el Estado de Veracruz Noé Vázquez, miembro del MAPDER (Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos), en la víspera del X Aniversario, en circunstancias no claras. Tres días después, el 5 de Agosto en el Estado de Guerrero fueron encontrados muertos (en condiciones violentas) y con huellas de tortura Samuel Vargas, Miguel N y Raymundo Velázquez, este último líder del Partido Comunista de México (PCM) y también dirigente de la Liga Agraria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ).

Cabe destacar que tanto el MAPDER como el LARSEZ son organizaciones que mantienen una postura crítica ante los mega proyectos de presas y minas por las consecuencias caóticas directas al medio ambiente y a las comunidades donde se instalan, tales como la pérdida de su patrimonio y el desplazamiento forzado.

Para la LIMEDDH es inaceptable que el gobierno en sus tres niveles continúe sin garantizar la seguridad a las organizaciones sociales puesto que ellas son referentes básicos de la democracia y canales para la solución de conflictos sociales. Además de que hay antecedentes históricos en esos Estados, especialmente de represión comprobada contra este tipo de activistas, que defienden entre otras cosas el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos reconocido en el Convenio 169 de la OIT que plantea sin restricciones este precepto y que se encuentra en discordancia con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que en el artículo 2 y el 27 restringe el acceso a este derecho.

Resulta preocupante el señalamiento de diversas organizaciones hacia los gobiernos Estatales, municipales y diversos actores privados interesados en la implantación de mega proyectos como los responsables de estos sucesos y de sucesos semejantes en el pasado, por citar un ejemplo el caso del asesinato de los dos activistas indígenas nahuas ultimados en 1992 en el Estado de Guerrero y el reciente caso de la desaparición forzada de 8 miembros de La Unidad Popular de Iguala, también de Guerrero hace dos meses, donde se ejecutó extrajudicialmente a tres de ellos.

En este sentido la LIMEDDH condena el que el gobierno de México hasta ahora no haya dado cumplimiento a los acuerdos nacionales ni internacionales, señalando entre ellos, los Acuerdos de San Andrés Larráizal referente a derechos y cultura indígena. Enfatizamos que estos cuatro asesinatos se suman a las crecientes cifras negras de ataques a periodistas, defensores de derechos humanos y líderes de movimientos sociales en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto; sin que haya avances claros y dónde reina la impunidad.



Edith Meneses
Responsable de Enlace y Comunicación

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos

Una llama encendida por la libertad de los pueblos

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