jueves, 23 de diciembre de 2021

Encuentro Antimperialista por los Derechos de los Pueblos Caracas, República Bolivariana de Venezuela Segundo Territorio Libre de América.



 RESOLUCIONES

Diciembre 11/2021

 

Primero:  Nuestro encuentro resuelve, dar continuidad a la Coordinadora por los Derechos de los Pueblos y las Personas Privadas de Libertad por razones políticas – La Coordinadora Americana- como un espacio antimperialista de luchadoras y luchadores por los derechos humanos y de las humanas proclamando enfáticamente que la lucha por los Derechos de la humanidad, es parte inescindible de las luchas que nos llevarán a la Segunda y Definitiva Independencia de Nuestra América.  Consideramos al Gobierno de los EEUU y sus agencias, a la llamada Organización de Estados Americanos (OEA) y toda otra instancia colonial de este gobierno y los poderosos grupos económicos trasnacionales;  como los responsables principales de los procesos de violación sistemática de los derechos de los pueblos. Nuestra principal estrategia en la lucha contra el Imperialismo será la solidaridad en todas sus formas, en todos los terrenos de la lucha institucional, judicial, popular, de calle o como los pueblos decidan, nuestra consigna identitaria: NADIE SUELTA LA MANO DE NADIE.

 

Segundo:  La Coordinadora Americana resuelve implementar de manera permanente una labor continental en forma de campañas de agitación, fundamentación, educación masiva, organización y lucha; también acciones permanentes e itinerantes, de formación y acción política:

         Por la libertad de las y los presos políticos del Imperio (hay más de cinco mil en nuestra América), contra la naturalización del Lawfare (utilización del Poder Judicial para la dominación colonial) al que proponemos tipificar como delito y revertir con procesos de revisión total de las causas fraudulentas.

         Campaña permanente por el derecho de los pueblos a luchar, contra toda forma de represión señalando especialmente nuestro repudio a las prácticas brutales que en estos meses se extendieron de Chile a Colombia y a todo el continente como la de mutilación ocular, la violación sexual sistemática o la desaparición de niñas como Lichita en Paraguay.

         Contra toda forma de violencia estatal/militar/policial ejercida regularmente por gobiernos neoliberales contra la población juvenil/estudiantil de nuestras barriadas populares como una práctica de dominación por medio del miedo y el terror contra una población considerada “sobrante” por un capitalismo que no puede asegurarle a las jóvenes generaciones ni trabajo, ni estudio ni consumo.

 

Tercero: La Coordinadora Americana, valora la memoria histórica y la memoria reciente, de las resistencias, combates y luchas como uno de los elementos indispensables para la consolidación de una cultura de derechos para los pueblos. Por ello organizará anualmente muestras itinerantes de la memoria y por la justicia de aquellos pueblos particularmente negados en su derecho a la memoria.   Estamos pensando en la memoria del conflicto colombiano que hoy pretende borrarse por un gobierno y un estado que sabotean cotidianamente los acuerdos de Paz, de las luchas seculares del pueblo peruano y de cada girón de la memoria de las luchas seculares de los pueblos de Nuestra América que exigen ser resguardadas y actualizadas en nuestras resistencias.

Cuarto:  La Coordinadora Americana promoverá la formación de un Tribunal Ético Permanente de los Pueblos y apoyará toda iniciativa de ese tipo.  Construir y/o fortalecer instancias ante quienes se puedan presentar denuncias de graves violaciones a los derechos de la humanidad, incluyendo las prácticas imperiales de contrainsurgencia y medidas coercitivas unilaterales como las empleadas contra los pueblos y gobiernos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Un Tribunal Ético Permanente de los Pueblos que pueda realizar sesiones especiales temáticas al modo de que, en el siglo pasado, el Tribunal Russel condenó las prácticas criminales de los EE.UU. en Vietnam y los golpes de Estado en la América del Sur. Inspirados en ese ejemplo y en el de los tribunales que le sucedieron, asumiendo la herencia imborrable del ejemplo ético de Fidel Castro transformando su defensa en un alegato que todavía resuena “La historia me absolverá”. Para la constitución de este Tribunal la Coordinadora convocará a las personalidades más destacadas de nuestro movimiento por los derechos humanos en el continente tales como Piedad Córdoba, Adolfo Pérez Esquivel, Evo Morales, Ángela Davis, Pepe Mújica entre otros.

 

Quinto:   La Coordinadora Americana promueve la recuperación del derecho internacional regional de la patria grande o Ius Cogens regional, El derecho común o Ius Cogens significa obligación, pero también derecho necesario. Según el principio pacta sunt servanda, los Estados se obligan a cumplir las obligaciones internacionales de los Tratados suscritos; en igual medida, al tratarse de costumbres internacionales reconocidas por la comunidad universal o una comunidad regional, éstos deberían ser cumplidos como Ius Cogens regional: Prohibición de toda Intervención de países imperialistas en la región; Prohibición de Desestabilización Internacional (mal llamados “golpes blandos”), Penalización del Lawfare y las Fake News.    Es necesario proyectar a nuestras Cancillerías un Modelo de Tratado de Ius Cogens Regional de la Patria Grande. Nos planteamos fortalecer las normas ya reconocidas por la Comisión Especial de Naciones Unidas como Ius Cogens regional en América y el Caribe.

Sexto: La Coordinadora Americana entiende que es imprescindible fortalecer la batalla cultural en el terreno de los derechos humanos que, ciertamente, está en disputa.  Una batalla cultural contra el colonialismo y el patriarcado, para lo cual nos proponemos colaborar con los medios de comunicación comprometidos con esta causa como Telesur, Cubadebate y la pagina de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, entre otros medios alternativos, para producir contenidos actualizados y capaces de confrontar con la guerra de odio que promueven las fundaciones y ONG que maneja el imperio y sus cipayos. A partir de este momento se trabajará en un programa radial en Radio del sur como punto de partida de un sistema comunicacional propio.  Una batalla cultural que también requiere de la formación sistemática y rigurosa de nuevos cuadros políticos comprometidos con esta mirada antimperialista de los derechos humanos para lo cual promoveremos seminarios y cursos presenciales y virtuales organizados y sostenidos colectivamente.

 

Séptimo:  La Coordinadora Americana elaborará y difundirá un informe de Derechos Humanos y Humanos de nuestra América, para hacer visible las acciones imperiales y las violaciones masivas de derechos humanos.

 

Octavo: La Coordinadora Americana resuelve crear un espacio jurídico solidario con la suma de los equipos jurídicos de nuestros organismos y la colaboración de los espacios de juristas democráticos como la Asociación Americana de Juristas y otras, este espacio deberá constituirse en un espacio de elaboración jurídica crítica de modo tal que permita respaldar las acciones jurídicas nacionales e internacionales y proponer acciones articuladas del tipo Amicus Curiae Colectivos que ya hemos ensayado más de una vez con éxito.

 

Cuartel de la montaña, Caracas,  Venezuela diciembre 11 de 2021

 

LA COORDINADORA POR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD POR RAZONES POLÍTICAS ESTA INTEGRADA POR ORGANIZACIONES DE EE.UU., MEXICO, COLOMBIA, PERU, CHILE, BOLIVIA, PARAGUAY, VENEZUELA Y ARGENTINA






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Instituto Simon Bolivar (transmisión del congreso) https://youtu.be/5fBd5Rry8wM

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miércoles, 22 de diciembre de 2021

Acompañamiento y asesoramiento al caso de Roxana joven de 22 años, originaria de Pinotepa Nacional y que ha sido denunciado por nuestra organización en diversos medios de comunicación corporativa e independiente.


Parte de las actividades realizadas por la Limeddh esta el acompañamiento y asesoramiento al caso de Roxana joven de 22 años, originaria de Pinotepa Nacional y que ha sido denunciado por nuestra organización en diversos medios de comunicación corporativa e independiente.
Esta es una entrevista a la compañera abogada Abigail Escalante que actualiza la situación de Roxana, les pido de favor puedan compartirla.
La justicia para Roxana tiene un precio por matar a su agresor
Han pasado 238 días desde que Roxana Ruiz Santiago comenzó a luchar, primero por su vida e inmediatamente después, por su libertad. 
La joven de 22 años, originaria de Pinotepa Nacional, región Costa de Oaxaca, permanece en el penal del Bordo de Xochiaca, Estado de México, donde fue recluida tras defenderse de un hombre que intentó violarla y a quien mató en el forcejeo. En un primer momento, Roxana fue acusada de homicidio simple; no obstante, la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) la señaló por el delito de homicidio culposo en una audiencia celebrada el 30 de noviembre.
La diferencia en esta ocasión, explica la abogada Abigail Escalante en entrevista para EL UNIVERSAL, es que ahora tomaron en cuenta la legítima defensa.
Con este atenuante, la joven podría recuperar su libertad, pues en la audiencia le fue fijada una fianza que asciende a 450 mil pesos, detalla Escalante, quien se convirtió en la defensora de la joven gracias a las gestiones de Nos Queremos Vivas Neza, organización que trabaja en Nezahualcóyotl, a donde Roxana y su familia se mudaron hace años.
En contraste, la familia del hombre que agredió a Roxana exige 36 mil pesos por reparación del daño moral, a raíz de su muerte.
El caso ahora se encuentra en etapa intermedia; sin embargo, las activistas y equipo legal de Roxana lamentan que las condiciones de ella y su familia no le permitan cubrir el monto fijado por las autoridades.
"Roxana se siente frustrada por la situación donde la justicia se compra, porque el juicio oral prevé un procedimiento abreviado donde, si una persona que enfrenta un proceso se declara culpable y garantiza la reparación del daño, puede ser puesta en libertad", declara.
En este momento, resalta, cubrir la fianza es imposible: "Lo valoramos en su momento con Roxana y llegamos a la conclusión de continuar el proceso que podría llegar a una instancia absolutoria, pero ello puede llevar un año y medio para agotar todos los recursos. 
"Vemos que eso no es lo mejor porque como Roxana hay miles de personas más que no pueden cubrir sus montos y se mantienen en prisión", agrega.
Ante ello, la familia, el equipo legal y las organizaciones y grupos feministas que han exigido desde mayo pasado libertad para Roxana, se organizaron para solicitar apoyo al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y que este respalde la situación de una mujer indígena y de bajos recursos.
Su propuesta es que el Estado, a través de la Comisión Estatal de Víctimas, pague el monto y evite un coste mayor tanto para la justicia como para la manutención de ella en prisión.
"Sabemos que un preso cuesta alrededor de 2 mil pesos diarios, más los gastos que costea la familia y los pagos judiciales", afirma la abogada.
La asesora legal detalla que la legítima defensa es un atenuante para la forma en la que se comete el delito, en este caso, el homicidio; sin embargo, el juez a cargo del caso considera que, pese a ello, sigue siendo un delito doloso. Para la jurista, la percepción del juez es errónea, pues el exceso de legítima defensa puede considerarse como un error en la manera de actuar de Roxana y, por lo tanto, se convierte en un delito culposo.
La acusación, detalla, contempla el exceso de la legítima defensa, pues la Fiscalía de Género realizó un peritaje donde se establece que Roxana sufrió violencia por parte de su agresor, y en ese sentido, tuvo que señalar, al menos, que existió legítima defensa.
Los dictámenes fueron elaborados por personal de la misma fiscalía, pero "son parte de una manera prejuiciada de ver los hechos, pues finalmente dan cuenta de que en el cuarto de Roxana una persona perdió la vida por medios circunstanciales", insiste la defensora.
La persona murió asfixiada con un trozo de tela, por lo que, indica la abogada, no había intención de quitarle la vida, sino que fue una acción de defensa, pues de existir la intención, los medios habrían sido otros.
Para la defensa de Roxana, los servicios periciales actúan de manera prejuiciada, pues establecen el delito y la fianza tras un estudio de alcoholemia en el que el fallecido presentaba de 180 a 300 mililitros de alcohol en la sangre. Con este factor como argumento, la fiscalía afirma que debido a esa cantidad de alcohol en la sangre, un hombre llega a un estado de confusión en el que no puede haber una erección. Fue así como desestimaron el intento de violación.
Abigail Escalante señala que también deben tomarse en cuenta las condiciones físicas y de salud del atacante.
Por ello, en la próxima audiencia fijada para el 17 de enero, presentarán tres diferentes peritajes, con el fin de demostrar que los de la fiscalía "no son una verdad contundente y están hechos por personas que tienen prejuicios y cometen errores en su apreciación".
Indígena y sin recursos
Las reglas de operación del INPI no prevén gastos de apoyo a las personas indígenas, aunque en años pasados había apoyo para gastos jurídicos. Serán las activistas que acompañan el caso de Roxana, su familia y su equipo legal, quienes gestionen los recursos para costear los tres peritajes independientes que se presentarán en el juicio.
El INPI apoyó con peritaje antropológico para demostrar que Roxana es de una comunidad indígena, añade la abogada.
En tanto, los primeros siete meses de Roxana han costado al Estado mexicano 420 mil pesos, monto cercano a la fianza.
La Secretaría de Seguridad Pública federal estima que unos mil 703 millones de pesos de impuestos se usan al año para la manutención de las personas privadas de la libertad.
"Por el momento vamos a buscar el apoyo de la sociedad civil que siempre ha demostrado solidaridad con el caso y veremos si en este mes pudiera destinarse un apoyo por parte del organismo, ya que cada año se actualiza el presupuesto y las reglas de operación", finalizó.

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