La Limeddh se suma al reclamo de la FIDH, en la lucha contra
la impunidad en el caso de EfraÃn RÃos Montt.
Durante la presentación, el 8 de agosto, en Casa Ariana, el abogado penalista español y
co-autor del informe, Manuel Ollé Sesé, resaltó que el juicio en contra de RÃos
Montt y José Mauricio RodrÃguez Sánchez, constituyó un salto cualitativo de la
justicia guatemalteca, ya que se procesó a los altos mandos de un gobierno
militar. “No tenemos duda de que este juicio representa un hito histórico, ya
que se realizó en un tribunal nacional y no en un tribunal internacional”.
Ollé Sesé expresó que el genocidio es el “crimen de los
crÃmenes”, y que las pruebas diligenciadas durante el juicio permitieron
demostrar que la finalidad de las acciones del ejército era “exterminar a la
etnia maya ixil”. Agregó que las mismas pruebas demostraron la participación
consciente y deliberada, la supervisión y el consentimiento del alto mando
militar en funciones en los años 1982 y 1983.
Por su parte,
Jo-Marie Burt, profesora de ciencias polÃticas en la George Mason
University, Estado de Virginia, subrayó el coraje de las vÃctimas que vinieron
a declarar durante el juicio después de tres décadas de negación de los hechos.
“Fue la primera vez que se condenaba por
genocidio a un dictador en Latinoamérica”, resaltó
El informe de la FIDH critica las estrategias dilatorias y
el litigio malicioso operados por la defensa de los generales. Jo-Marie Burt
afirma que los abogados defensores en ningún momento intentaron cuestionar el
genocidio mediante pruebas o testimonios, sino que se enfocaron a presentar
amparos frÃvolos para entorpecer la
marcha de la justicia.
La FIDH lamenta que la Corte de Constitucionalidad se haya
alineado con la estrategia de la defensa al anular la sentencia dictada por el
Tribunal A de Mayor Riesgo por una cuestión meramente procesal que, eventualmente,
hubiera podido ser subsanada por la vÃa de la justicia ordinaria. Jo-Marie Burt
también criticó las presiones ejercidas por el CACIF sobre el sistema de
justicia. “Al desconocer la legitimidad de una sentencia emitida por una corte
legalmente constituida, el CACIF salió del pacto social y se desentendió de los
mecanismos y procesos de la democracia”.
Entre las recomendaciones formuladas por la FIDH, está que
la Corte de Constitucionalidad reconsidere y reforme su decisión de anular la
condena, y que resuelva con celeridad los amparos pendientes. La organización
recomienda también fortalecer los tribunales de mayor riesgo otorgándoles más
recursos, seguridad y garantÃas de independencia.
Plaza Pública intentó comunicarse con MartÃn Guzmán, vocero
de la Corte de Constitucionalidad, para conocer la reacción de la CC ante el
informe de la FIDH, pero no respondió a las llamadas.
AUTOR: Sebastián Escalón.
Viernes, 9 Agosto, 2013
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